Panorama de los impuestos ambientales en México

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La contaminación se ha convertido en un problema mundial debido al uso excesivo de los recursos naturales, por lo cual los gobiernos han adoptado leyes para proteger el medio ambiente. Sin embargo, es innegable que ha sido un enorme reto para los países hacer cumplir sus leyes ambientales sin causar dificultades económicas, tanto es así, que se crearon los denominados impuestos ecológicos o impuestos verdes, los cuales son una forma eficaz de lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la promoción del crecimiento económico.

Este tipo de impuestos se refieren a la contribución sobre productos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente, incluyendo combustibles fósiles, pesticidas y plásticos. La idea detrás de los impuestos verdes es que los fabricantes de productos nocivos deben pagar la factura de limpiar los estragos provocados a la biodiversidad, de tal forma que se cree un incentivo financiero para desarrollar productos más ecológicos sin dañar la  calidad de vida o la economía. 

En México se han implementado regulaciones para preservar los recursos naturales, como la prohibición del uso de ciertos pesticidas dañinos dentro de sus fronteras. En este sentido, según el informe de la situación del medio ambiente, publicado en 2015, nuestro país ha implementado una amplia gama de impuestos ambientales para ayudar a preservar y mejorar la calidad de los entornos, incluidos los impuestos sobre el combustible vehicular, el carbón y los materiales plásticos.

Cabe señalar, que por justicia económica algunos gobiernos recaudan ingresos de las corporaciones en lugar de los consumidores, por lo que estos esquemas de impuestos verdes brindan a los usuarios de altos ingresos, incentivos para consumir de manera más responsable sin penalizar a los consumidores de bajos ingresos con menos alternativas. Asimismo, las autoridades otorgan incentivos a las empresas para que reduzcan su impacto ambiental sin perder ganancias.

Sin duda, estos impuestos son una forma eficaz de promover el crecimiento económico al limitar los impactos nocivos en el medio ambiente. Aunado a ello, los gobiernos pueden invertir los ingresos de estas recaudaciones en proyectos y programas ecológicos que benefician a la sociedad en su conjunto. De esta manera, en México, algunos estados del país han logrado implementar este instrumento en actividades que por su origen, causan algún tipo de deterioro en el medio ambiente, pero lamentablemente ni a nivel federal ni estatal, los ingresos son etiquetados para un gasto específico, es decir, se ignora cuál fue, es o será el impacto real de la recaudación. 

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